LA LIBERTAD: LA CORRUPCION JUDICIAL SÍ EXISTE

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Informe ProJusticia

Hace unos días, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) de La Libertad, encabezada por el juez superior MANUEL LUJAN TUPEZ, recibió por segundo año consecutivo el Premio OCMA en mérito a haber implementado un conjunto de innovaciones en materia de control que –a decir del magistrado- habían convertido a esta Corte Superior en la sede judicial “con el nivel más bajo de corrupción del país”, reflejado además en una disminución continua de quejas contra los magistrados y en que solo el 0,013% de las quejas tramitadas por dicha oficina estaban vinculadas a temas de corrupción .

Sin embargo, LUJAN denunció también la existencia de “malos profesionales del Derecho” que laboran en Trujillo y “que se dedican a defender a miembros de peligrosas mafias delictivas”, aseverando que “en cada organización criminal hay, por lo menos, un abogado de estas bandas que planifica, intenta sobornar o ‘arreglar’ con los jueces o secretarios de juzgado”, agregando ante ello que “yo no he asumido este cargo para ser amigo de los jueces” .

Esperamos que estas palabras del juez LUJAN sean sinceras y firmes, porque el presente informe apunta, precisamente, a mostrar lo contrario: que sí existe corrupción judicial en la Corte Superior de La Libertad. Sin embargo, a diferencia de lo afirmado por dicho magistrado, esta corrupción no parece estar enquistada solamente en el área penal ni está vinculada solamente a bandas criminales, sino que la podemos encontrar en otras áreas aparentemente “limpias” de toda corrupción, como es el caso de la justicia laboral.

Ya hace un par de años, ProJusticia descubrió que en esta Corte existía una red de abogados que se aprovechaban de las “fallas” del nuevo proceso laboral –regulado por la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)- para imponer lo que llamamos entonces “un patrón consistente de circulación de documentos falsificados o falsos en su contenido que están siendo utilizados de manera más o menos indiscriminada para construir casos fraudulentos de enfermedades profesionales” . Este informe cambió un poco las cosas, pero no fue suficiente. Hoy, nuevas redes de abogados siguen haciendo de las suyas mediante la presentación de demandas laborales millonarias que están poniendo en jaque no solo a muchas empresas prestigiosas de La Libertad, sino incluso a la única universidad del norte que ha sido incorporada en el ranking de las mejores Universidades del país, como es la Universidad Peruana Antenor Orrego (UPAO). Por ello, el presente informe apunta a ser más preciso sobre el “modus operandi” de estos abogados, develando además –con nombres y apellidos- la red de jueces que apoya sus malas prácticas.

LOS INICIOS DE UN “MODUS OPERANDI”

Usualmente, cuando un profesional culmina su carrera, suele estar agradecido con la Universidad que lo acogió y con los profesores que le brindaron sus enseñanzas, buscando resaltar a través de su carrera profesional el prestigio de su “alma mater”. ¿Qué puede pensarse sin embargo de un profesional que, por el contrario, parece empeñado en destruir a su “alma mater” y enriquecerse con dicha destrucción? Como veremos, esta ha sido la carrera profesional seguida por LUIS MANUEL RAYMUNDO IBAÑEZ, abogado que hoy vive en una de las zonas más exclusivas de Trujillo y conduce una camioneta del año, todo a costa de las sumas millonarias que ha obtenido litigando contra la UPAO y de otras respetables empresas.

Esta “carrera” se inició el año 2000, cuando apenas culminados sus estudios en la Facultad de Derecho de la UPAO, el joven y flamante abogado fue recomendado por sus profesores para trabajar como asistente en el Área Legal de dicha Universidad, encabezada por el Dr. ALEJANDRO QUISPE VILLANUEVA. Para entonces, el joven RAYMUNDO IBAÑEZ ya tenía muchas ambiciones y sueños de éxito, aunque para alcanzarlos tuviera que sacrificar los valores y enseñanzas éticas que le habían tratado de inculcar en dicho centro de estudios.

En tal sentido, RAYMUNDO no pudo encontrar mejor “escuela” que la que le ofreció el “todopoderoso” QUISPE VILLANUEVA. En los años que estuvo al frente del Área Legal de la UPAO, éste se dedicaba a colocar, cambiar y sacar a docentes a su antojo, además de presionar a empresas que prestaban servicios en este centro de estudios en beneficio propio. De acuerdo a fuentes entrevistadas, se sabe de un caso en el cual QUISPE VILLANUEVA solicitó 50 mil soles a una empresa de limpieza para validar su carta fianza y asegurar su contratación; no contento con ello, le cobraba 3 mil soles mensuales por mantener sus pagos al día, además de pedirle plata cada vez que se le antojaba, enviando como mensajero a su joven aprendiz RAYMUNDO IBAÑEZ.

De este modo, el joven abogado aprendió pronto a aprovecharse de su cargo para ir abriendo su propio “negocio”. Así, por ejemplo, a pesar de que RAYMUNDO IBALÑEZ contaba con poderes para negociar ante la Dirección Regional de Trabajo, él prefería no hacerlo cuando las quejas eran presentadas por “services”; luego, buscaba a los trabajadores de estas compañías para ofrecerles interponer demandas laborales contra la propia Universidad, a pesar del claro conflicto de intereses que ello implicaba por seguir siendo parte del staff de abogados; sin embargo, nunca fue quejado ni sancionado por este motivo.

En el 2010, poco tiempo después de que el entonces Rector de la UPAO, GERARDO GUERRA CRUZ –quién dirigió la Universidad todo el tiempo que estuvo allí RAYMUNDO- perdiera las elecciones frente al doctor VICTOR LOZANO IBAÑEZ, el abogado fue despedido de la Universidad por la nueva gestión, que conocía bien sus malas prácticas. Este, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados y denunció a la UPAO por una serie de derechos laborales presuntamente no reconocidos, como la falta de pago de horas extras, CTS, vacaciones, etc. Y si bien en el marco de este proceso se demostró, por ejemplo, que RAYMUNDO aprovechaba que asistía los días sábados a una maestría de derecho en dicha Universidad para “marcar tarjeta” –por lo que no existían tales “horas extra”- la Sala Laboral Liquidadora -integrada entonces por los jueces superiores ROCIO AGUIZA DIAZ, VICTOR ANTONIO CASTILLO LEON y JAVIER ARTURO REYES GUERRA- resolvió a su favor mediante resolución dictada el 11 de marzo del 2011, siendo la primera sentencia dictada dentro del marco de la NLPT.

No contento con ello, RAYMUNDO demandó posteriormente a la UPAO por “equivalencia de remuneraciones”, reclamando que cuando él entró a trabajar en el área legal de la Universidad se le fijó un sueldo que era mucho menor al de la persona que había ocupado dicho cargo hasta entonces. Nuevamente, la Universidad buscó demostrar que, mientras él era un abogado recién salido de sus mismas canteras cuando asumió el puesto, la abogada que lo ocupaba entonces había trabajado en el Poder Judicial por varios años y tenía una vasta experiencia laboral, por lo que no correspondía fijar remuneraciones similares. Cabe señalar que este abogado sustentó entonces su pedido con copias de los recibos de pago hechos a la ex trabajadora, recibos que obtuvo de manera irregular cuando trabajaba en el Área Legal de la UPAO y que guardó por años. Estas no fueron, sin embargo, las únicas “pruebas” que RAYMUNDO fue acumulando y guardando celosamente gracias a su paso por dicha Universidad, hechos que muestran cómo fue urdiendo todo un “modus operandi” que sería aplicado exitosamente en los siguientes años.

Leer informe completo ► http://bit.ly/1Riq1n6