RECONCILIACION NACIONAL: ¿PARA CUANDO?

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La reciente firma de un Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) –que lamentablemente no fue ratificado por la mayoría del pueblo colombiano- sacó a relucir no solo las terribles secuelas y heridas que ha tenido este conflicto interno a lo largo de 50 años en dicho país, sino también los demonios que los peruanos guardamos respecto de nuestra propia guerra interna, a pesar de los casi 20 años transcurridos desde su culminación.

Para quienes vivimos en carne propia la violencia de esos años, no es difícil olvidar toda la destrucción y muerte causada por el enfrentamiento entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas y Policiales, enfrentamiento donde los civiles terminábamos siendo las principales víctimas. Y si en las ciudades los atentados, los asesinatos selectivos, los apagones y los toques de queda eran cosa de todos los días, en el campo la vida no valía nada, ya que uno u otro bando podía llegar un día y arrasar o ejecutar a todo un pueblo o comunidad por el simple hecho de creer que estaban a favor del contrario, del enemigo. Sin embargo, una vez que se anunció la captura de Abimael Guzmán y la desarticulación de Sendero Luminoso, fue como si todos apagáramos nuestra memoria para mirar solamente hacia adelante, buscando un nuevo futuro pero sin considerar las heridas que nos había dejado el pasado y el presente.

Recién unos años después, con la caída del régimen de Fujimori y el retorno de la democracia, fue que esta dolorosa memoria buscó ser recuperada con la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), aunque muchos pensaban que lo mejor era dejar las cosas ahí, que el país ya no estaba para esas cosas, que lo mejor era olvidar y dejar que el tiempo haga su trabajo, que el bienestar económico que se empezaba a vivir era el mejor remedio. Y si bien la CVR culminó su trabajo de manera ejemplar, dejando en claro quienes habían sido los principales causantes de tanta destrucción, dolor y muerte, quienes optaron por el silencio y el olvido del pasado lograron vencer a quienes optaron por restablecer la memoria y la verdad de todo lo ocurrido, lo que se demuestra claramente cuando uno pregunta a cualquier menor de 20 años quien fue Abimael Guzmán, si sabe sobre los casos La Cantuta o Accomarca, o si ha leído siquiera parte del Informe Final de la CVR (algo que seguramente tampoco han hecho la mayoría de peruanos).

Una reconciliación confrontada

De esta manera, así como en el país coexisten el olvido y la memoria, coexisten también dos visiones antagónicas de lo que implica la reconciliación nacional: una primera, que puede considerarse hoy predominante, es aquella que busca construir un nuevo país a partir de nuevos símbolos integradores –como la cocina peruana- y nuevas políticas de inclusión social favorecidas por el crecimiento económico; y una segunda visión, igualmente relevante, que opta más bien por ajustar las cuentas del pasado, a partir de políticas como la reparación de las víctimas de la violencia o la realización de juicios contra los responsables de matanzas, pero también a partir de pedidos constante de amnistía para quienes encabezaron y dirigieron los bandos que se enfrentaron en dicha época.

Sobre este último punto, si bien hoy las miradas y las críticas están puestas sobre el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), y su brazo político, el Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano (FUDEPP), ante su constante pedido de amnistiar al ex cabecilla y a la cúpula política de Sendero Luminoso, buscando una suerte de “borrón y cuenta nueva” ante su luctuoso pasado, lo cierto es que desde el bando contrario –esto es, el fujimorismo, pero también el APRA e incluso Acción Popular- ha existido igualmente una suerte de manipulación de la memoria para favorecer sus intereses políticos, sea buscando resaltar los logros de sus gobiernos frente a los “costos inevitables” de un conflicto, sea evitando que sus líderes sean llevados a juicio por las atrocidades cometidas –como Alan García respecto del caso El Frontón-, o sea manteniendo el temor de la población ante la presencia de remanentes del terrorismo que aún persisten en zonas alejadas del país, gracias a su alianza con el narcotráfico.

Recientemente, esta manipulación se ha visto reforzada por diversos hechos, como la salida de algunos líderes terroristas tras haber cumplido sus condenas -como fue el caso de Lori Berenson y Peter Cárdenas Schulte-, el descubrimiento de presuntas pintas terroristas en algunas ciudades y la inclusión de los Quispe Palomino –actuales cabecillas de SL en el VRAEM- en la lista de los terroristas más buscados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (inclusión que, cabe señalar, no ha sido cuestionado por el FUDEPP). Así, en lugar de buscar cómo consolidar los hoy precarios esfuerzos de reconciliación nacional, desde el fujimorismo reinante en el Congreso se busca más bien cómo reformular figuras como la apología contra el terrorismo, sin cuestionar más bien a quienes en las últimas elecciones tildaron de “terroristas” o “senderistas” a quienes asumieron una posición de izquierda dentro del juego democrático.

La pregunta, entonces, es si estamos avanzando realmente hacia esa idea de reconciliación nacional que nos dejó la CVR; esto es, el poner en marcha un proceso de “restablecimiento y refundación de los vínculos fundamentales entre los peruanos”. Como señaló en su momento este organismo, la reconciliación compromete a la sociedad peruana en su conjunto, pues “es ella la que debe reconciliarse consigo misma. Y debe hacerlo instaurando relaciones de reconocimiento recíproco que hagan posible la refundación del acuerdo social entre todos. En tal sentido, la reconciliación comprende tres niveles: 1) en el nivel político, es una reconciliación entre el Estado -incluyendo a las Fuerzas Armadas- y la sociedad, y lo es también entre los partidos políticos, la sociedad y el Estado; 2) en el nivel social, es una reconciliación de las instituciones y los espacios públicos de la sociedad civil con la sociedad entera, de modo especial con los grupos étnicos secularmente postergados; y 3) en el nivel interpersonal, es una reconciliación entre los miembros de comunidades o instituciones que se vieron enfrentados a causa de la violencia generalizada”.

Desde esta perspectiva, es claro entonces que estamos aún bastante lejos de enrumbar siquiera hacia dicha reconciliación. Comenzando desde el nivel interpersonal, taras como el racismo y la discriminación siguen estando a flor de piel entre nosotros –como quedó igualmente claro en las recientes elecciones-, siendo visible también que las regiones que fueron más afectadas por la violencia siguen estando entre las más postergadas y menos atendidas por el Estado. Por otro lado, la desconfianza social hacia las instituciones más relevantes del Estado –llámense Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial- es igualmente grande, por no hablar de otras entidades cercanas a la ciudadanía que generan más temor y rechazo que respaldo social, como la Policía Nacional, los municipios y/o .

Sin embargo, el menor avance es el que muestra el sistema político, donde no solo persiste un divorcio entre gobierno y Fuerzas Armadas –las cuales fueron copadas durante el gobierno anterior por la promoción humalista, mientras el gobierno actual las tiene bajo ministros inexpertos en el tema- sino donde la crisis de los partidos políticos es notoria, convertidos actualmente en apenas una camarilla de aliados temporales que responden solo a sus propios intereses personales o grupales, sin ninguna sintonía con las necesidades o expectativas de la población, la que simplemente se ve forzada a votar cada cinco años por el mal menor.

En tal sentido, la mal llamada “reforma electoral” –que solo busca ejercer un mayor control del Estado respecto de la formación y actuación de los partidos políticos, antes que ayudarlos a sintonizar con la población- no parece ayudar a recomponer el sistema político para hacerlo más inclusivo, democrático y transparente, y menos parece dirigida a que los partidos actúen como agentes para promover la reconciliación nacional que el país necesita. Mal hacen por ello los partidos políticos actuales, al igual que el JNE, en rechazar la “reconciliación nacional” que pregona el MOVADEF o el FUDEPP, cuando lo que deberían hacer es reencuadrar este concepto no en los términos que propone dicho movimiento, sino en los términos propuestos por la CVR; esto es, en cómo restablecer (o más bien, construir) los vínculos que necesitamos los peruanos para sentirnos parte de un mismo país y de un mismo futuro.

A nuestro entender, este debate sobre lo que debe implicar una verdadera “reconciliación nacional” puede permitir que los jóvenes que hoy apuestan por dicha “reconciliación” a través de lo que proponen grupos como el MOVADEF o la UDEPP, así como los jóvenes que anhelan restablecer un gobierno autoritario similar al fujimorismo, puedan comprender que ninguno de estos caminos puede llevarnos a un proyecto país donde todos los peruanos nos sintamos parte de un mismo futuro. Para ello, es necesario –entre otras cosas- que dejemos de vernos entre nosotros como “otros”, incluso como “enemigos”, pero sin llegar tampoco al otro extremo de aceptar un pensamiento único donde no se permita pensar distinto. Asimismo, es necesario dejar de manipular los fantasmas del pasado a favor de intereses mezquinos, pero sobre todo es necesario que todos los grupos políticos, del color que sean, expresen un compromiso por el juego democrático como el único viable para el país. De otro modo, antes que una reconciliación, seguiremos reconstruyendo las mismas condiciones que nos condujeron hacia la violencia, frustrando nuevamente nuestras posibilidades como sociedad.

EQUIPO PROJUSTICIA – DICIEMBRE 2016