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EL SINDROME DE MONTESQUIEU
Equipo ProJusticia
 

Montesquieu vive en el Perú, y tiene figura de mujer. Y si bien esta Montesquieu no es la misma que aquel barón que vivió en la época de la Ilustración Francesa, piensa exactamente igual que aquél sobre cuál es el papel que debe cumplir un juez en una república como la peruana.

Para el primer Montesquieu, el original, el juez era solo “la boca que pronuncia la ley”, un autómata que debía reproducir lo dispuesto por el legislador. El juez no podía interpretar la ley para hacerla menos rigurosa, y menos aún crear derecho. Como consecuencia, la justicia debía ser un poder nulo, casi inexistente frente a los otros poderes del Estado. Este legalismo exagerado tuvo, sin embargo, un fuerte precio: condujo a muchos juristas a convivir con regímenes autoritarios e incluso criminales; condujo al apartheid, a Auschwitz y a situaciones similares.

A pesar de ello, hoy algunos juristas, e incluso algunos magistrados, parecen retomar las ideas de Montesquieu, asumiendo que pueden (y deben) ser aplicadas en una realidad como la peruana. Así, creen que el papel de los jueces es aplicar “la palabra de la ley” a rajatabla, sin considerar que estamos en un país donde las leyes son creadas generalmente a espaldas de la realidad, sin mayores diagnósticos respecto a su aplicación, y donde las situaciones suelen ser cambiantes y variar de un momento a otro, lo que requiere más de jueces que puedan ajustar el derecho a la realidad para alcanzar la justicia, que de jueces apegados a la letra de la ley.

El presente informe da cuenta, precisamente, de un caso en el cual se busca sancionar a un juez cuyo único “delito”, de acuerdo a nuestra fiscal Montesquieu, habría sido dejar de aplicar la estricta palabra de la ley, sin considerar para nada que dicha ley podía estar sujeta a interpretación y, menos aún, si la interpretación hecha por el juez resolvió o no un determinado problema social o institucional haciendo respetar los verdaderos derechos de las partes. Como veremos, la posición de dicha fiscal tiene un tufillo tradicionalista que en nada ayuda a consolidar el verdadero rol que debe tener un juez en una democracia, como es –de acuerdo a las palabras del juez Barak- hacer respetar a través de sus decisiones los valores básicos del sistema democrático y del Estado de derecho.


EL PRESUNTO PREVARICATO

Paradójicamente, la fiscal Montesquieu –cuyo verdadero nombre es GIOVANNA DEL RIO, a cargo de la Primera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque- apunta su mirada tradicionalista a uno de los casos más enredados, complejos y emblemáticos del norte del país, como es el CASO PUCALA, donde la “palabra estricta de la ley” poco o nada ha hecho por solucionar el grave problema social que allí existe desde hace más de una década.

La historia de la denuncia que dicha fiscal ha planteado recientemente contra el juez OSCAR TENORIO TORRES, por presunto prevaricato de derecho, se inicia en julio del 2012, cuando dicho magistrado, a través de la resolución 340 dictada en el marco del Expediente Nº 1711-2004-3JC-CIX,resolvió nombrar como administradores judiciales provisionales de AGROPUCALA al contador CESAR MELENEDEZ CANCINO, al abogado EDGAR CAYOTOPA MARTINEZ y al ingeniero OSCAR CUBAS MUÑOZ, a fin de que asuman la dirección de dicha azucarera.

Como se ha dado a lo largo de este proceso –donde confluye el accionista principal de AGROPUCALA, CRONWELL ASSETS, con más de una decena de litisconsortes- uno de estos litisconsortes, HENRY RIVERA RAMIREZ, impugnó la Resolución 340, porque no estaba de acuerdo con la designación de dichos administradores judiciales. En realidad, este tipo de impugnaciones se ha producido en cada designación de administradores de Pucalá, por lo que no era nada extraño que ello ocurra. El juez Tenorio concedió entonces la apelación mediante resolución 347 del 14 de julio de dicho año, sin efecto suspensivo, de acuerdo al artículo 368.2 del Código de Procedimientos Civiles.

El 8 de agosto, Tenorio va a declarar fundada en parte la solicitud presentada por RIVERA RAMIREZ, subrogando al administrador judicial Gilberto Cubas Muñoz–debido a su parentesco con otro litisconsorte- y nombrando en su reemplazo al ingeniero JAIME ESCUDERO MENDOZA; declarando infundada la recusación contra los otros dos administradores judiciales. Sin embargo, el 14 de diciembre, mediante resolución 363, Tenorio va a subrogar de oficio a JAIME ESCUDERO MENDOZA, aduciendo una cuestión de política jurisdiccional dado que dicho administrador era pariente cercano del entonces recién nombrado Presidente del Poder Judicial, JAVIER ENRIQUE MENDOZA.
Hasta allí, lo único que parecía cuestionable era este último cambio, sobre todo por haber sido hecho por criterio propio y no a solicitud de alguna de las partes; sin embargo, dicha decisión mostraba la importancia que para Tenorio tenía el mostrar la mayor imparcialidad y objetividad posible en dicho proceso. Pero a pocos días de ello, otro litisconsorte –AGUSTIN MONTALVO REYES- va a retomar la ronda de pedidos de subrogación, solicitando nuevamente la salida de los otros administradores judiciales cuestionados: MELENDEZ CANCINO y CAYOTOPA MARTINEZ.

En su resolución 364, del 11 de enero del 2013, Tenorio va a responder a dicha solicitud de una manera distinta a la presentada por RIVERA RAMIREZ, señalando que “se reserva la decisión respecto a la solicitud de subrogación de los Administradores Judiciales hasta su oportunidad procesal”, solicitando a los mencionados administradores judiciales informen de las acciones realizadas hasta el momento. De acuerdo a la fiscal Montesquieu, ESTA RESERVA DE DECISION ES EL QUID DEL ASUNTO, dado que de acuerdo a la “estricta palabra” del artículo 368, inciso segundo del CPC, Tenorio solo podía denegar o conceder la apelación presentada, por lo que su reserva de decisión estaría “violando flagrantemente” la ley, recayendo en un prevaricato de derecho y por ello siendo pasible de sanción, cárcel y hasta la pérdida de su condición de juez.


¿HUBO EN REALIDAD UN CAMBIO DE CRITERIO?

Sin embargo, lo que extrañamente no se pregunta la fiscal GIOVANNA DEL RIO en su acusación contra TENORIO –acusación ya formalizada además el pasado 23 de diciembre en el Exp. 00020-2014-71-1706-SP-PE-02- es si hubo un cambio real de criterio por parte del juez, y cuáles fueron los motivos que llevaron al magistrado a dicha reserva de decisión. Y ello porque la acusación fiscal se limita mayormente –como suelen hacer algunos fiscales para evitarse el trabajo de pensar por sí mismos- a “reproducir las palabras del acusador” como si fueran una ley sacrosanta, habiendo incluso solicitado al litisconsorte denunciante que señale cuál era la norma que habría sido incumplida por parte del magistrado.

Un simple análisis de las resoluciones mencionadas arriba muestran, al contrario de la acusación fiscal, que lo hecho por Tenorio no implica para nada un cambio de criterio y menos el incumplimiento de la ley. ¿Cuál fue, entonces, el motivo para plantear la reserva de decisión? El principal fundamento que recoge la resolución 364 era que la Superintendencia del Mercado de Valores debía emitir un informe de evaluación sobre si Agro Pucalá S.A. había presentado sus estados financieros “a tiempo”, para evaluar retirarla de la Bolsa de Valores de Lima, de lo cual se hacía depender la confirmación o subrogación del nombramiento de estos administradores judiciales. Y dicho informe NO SE HABIA EMITIDO HASTA EL MOMENTO DE DICTARSE LA RESOLUCION, por lo que la causal de recusación no se había manifestado.

Por otro lado, con un criterio que nos parece adecuado, el juez Tenorio también consideró en su reserva el hecho de que la instancia superior no había resuelto la apelación de su denegatoria de subrogación de los mismos administradores, lo que para la fiscal Montesquieu es algo “imperdonable”, “sancionable” y “fuera de todo Estado de derecho”, cuando más bien es bastante lógico evitar que se hubieran producido sentencias contradictorias (esto es, que la Sala diga que los administradores se vayan y que Tenorio diga lo contrario) no solo porque eso es precisamente lo que buscan los principios de coherencia y predictibilidad de nuestro sistema legal, sino porque ello evita situaciones de confusión social, más aún en espacios como PUCALA donde cualquier malentendido puede llevar a una crisis de violencia y malestar social.

En resumen, cualquiera que lea las resoluciones mencionadas, y que conozca un mínimo de la realidad de Pucalá, no puede menos de concluir que la decisión del juez Tenorio fue la correcta, teniendo en todo momento en claro que el objetivo es y debe ser buscar la mayor estabilidad administrativa de la empresa, evitar cualquier inconveniente que genere violencia y malestar social y respetar los derechos de todas las partes. Por el contrario, un juez que, por apegarse a la “estricta palabra de la ley” hubiera hecho caso a todos los pedidos de los litisconsortes, solo hubiera llevado a una inestabilidad social y económica que hoy tendría a Pucalá en la ruina.


DE MONTESQUIEU A DWORKIN

El caso que hemos reseñado nos plantea entonces una interrogante que puede extenderse al conjunto de la judicatura del país: ¿hasta qué punto los jueces pueden tener discrecionalidad para interpretar y aplicar la ley, en un país complejo y ante situaciones difíciles como la de Pucalá? ¿Hasta qué punto esta discrecionalidad debe ser respetada por parte de los órganos de control judicial, para no caer en un excesivo legalismo que cierra los ojos ante la realidad?

Cabe recordar al respecto que, por lo menos desde la teoría del derecho, esta interrogante ya cuenta con una respuesta, en el sentido de que todo juez, dentro de una sociedad democrática, debe tener un margen de discrecionalidad que le permita mantener el principio de legalidad dentro de entonos cambiantes y difíciles. Este fue el precisamente el centro de la famosa polémica entre L.H.A. Hart y Ronald Dworkin, donde el primero planteó incluso que los jueces, ante la imposibilidad de elegir entre diferentes cursos de acción igualmente válidas, podían crear reglas para ser aplicadas en un caso concreto, mientras que para Dworkin los jueces no pueden tener la discrecionalidad para “crear” derechos, sino que deben ajustar sus alternativas de acción, en caso de normas imprecisas o inexistentes, a los mandatos obligatorios que contienen los principios vigentes en cada sistema jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Constitución Política.

En tal sentido, coincidimos con la idea de que la suspensión de la decisión de un fallo judicial no es un acto contrario a derecho, sino una facultad basada en la autonomía judicial, que implica la obtención de un mejor criterio de justicia en base a resultados externos y objetivos que influirán en un fallo determinado. Y es precisamente esta autonomía la que debe ser respetada y aún promovida dentro de nuestra judicatura, si es que queremos tener jueces realmente democráticos y no jueces incapaces de ver más allá del simple texto de la ley.

Por ello, desde ProJusticia esperamos que denuncias como la presentada contra el juez Tenorio no prosperen, y sirvan más bien de ejemplo de lo que no se debe hacer para proteger la correcta administración de justicia en nuestro país. Es momento de que el fantasma de Montesquieu se aleje de nuestro país y de que afloren criterios como los de Hart o Dworkin, especialmente en las fiscalías de Lambayeque.



29 de Diciembre del 2014


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