La ley de servicios audiovisuales ya fue reglamentada. Es decir: está activa el arma que se construyó a fines del año pasado para alinear a los medios de comunicación detrás de las urgencias del Gobierno. Para saber qué resultados políticos cosecharán con ella los Kirchner habrá que esperar a las próximas elecciones. En cambio, hay otras incógnitas que pueden despejarse más temprano. Es posible prever, por ejemplo, que la reforma destruirá el mercado de la radiodifusión en la Argentina. De todos modos, eso no significa que las empresas para cuya persecución fueron pensadas las reglas, sobre todo el Grupo Clarín, serán las primeras en caer bajo la pisada de Atila.

Hay una certeza inicial. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Aufsca), es decir, el viejo Comfer, cuenta a partir de ahora con numerosas facultades para encuadrar a los medios de comunicación electrónicos. La más importante es la capacidad para desguazar las empresas que administren más licencias que las permitidas en el artículo 45 de la ley. Pero también podrá vigilar que los contenidos que se difunden se ajusten a las pautas de la nueva normativa.

Estas atribuciones no tendrán, sin embargo, los efectos prácticos que festejan en la Casa Rosada. Por ejemplo: la disposición antimonopólica, que establece la obligación de desinvertir en un año, es aplicable a todas las compañías menos al Grupo Clarín, para que el que fue diseñada. El jefe de la Aufsca, Gabriel Mariotto, recordó que el holding que comanda Héctor Magnetto tiene más licencias que las permitidas en el área metropolitana. Y agregó: "La reglamentación ataca la columna vertebral del monopolio". Sin embargo, Clarín consiguió que, en su caso, una cámara judicial suspenda la aplicación del artículo 161 de la ley, que establece los límites a la multiplicidad de licencias. El Gobierno fue en queja ante la Corte Suprema. Pero allí ya dejaron trascender que no aceptarán el planteo oficial. Para conocer la suerte del Grupo Clarín habrá que esperar a que se resuelva el conflicto de fondo. Es decir, habrá que esperar hasta después de las elecciones.

Cuando varios dirigentes de la Asociación Empresaria Argentina, entre ellos Magnetto, se reunieron con los ministros de la Corte, el 26 de abril pasado, Néstor Kirchner reaccionó de inmediato denunciando, fiel a su estilo, una conspiración: "Me preocupa mucho la visita que hicieron a la Corte para presionar por la ley de medios", vociferó en Paraná. Si los magistrados rechazan su pedido, él creerá haber encontrado la confirmación de sus presunciones. Los argentinos asistirán a una escalada más vibrante de esta guerra.

El esposo de la Presidenta anda en busca de otra sanción contra Clarín . Mariotto estudia la suspensión de las licencias de TV por cable que el grupo adquirió en el interior del país y consolidó bajo la marca Cablevisión. La excusa sería la misma que se aplicó a Fibertel: no contar con la autorización oficial. El Gobierno no aclarará que esa falencia se debe a que los funcionarios dejaron dormir los expedientes durante siete años, para contar con un instrumento de presión por si se desataba este conflicto. Cablevisión representa el 60% de los ingresos del Grupo Clarín. Kirchner tiene esa empresa en la mira desde que le arrebató los derechos para la televisación del fútbol, corazón de su programa "Propaganda para Todos" (hay que admitir que, entre aviso y aviso, el santacruceño permite que se vea algún partido).

La capacidad de Mariotto para controlar el sistema es muy dudosa. La Aufsca debería contar con un plantel de personal similar en número y cobertura territorial al de la Policía Federal Argentina. Hay que prever que, como en casi todos los ejercicios disciplinarios del Gobierno, la aplicación de la reglamentación será, por decirlo así, negociada. Las autoridades serán más severas con quienes exhiban un mayor espíritu crítico con la gestión oficial. Hay que aprender el nuevo vocabulario: ahora "disidente" se dirá "monopólico". Sin embargo, el rebenque más efectivo no será el artículo que obliga a desprenderse de licencias, sino el que establece cupos de publicidad y contenidos. En definitiva: tal vez no se consiga imprimir al campo mediático una configuración más pluralista, pero, mientras se persigue ese objetivo, se intentará regimentar la cobertura periodística de la campaña electoral. Para un gobierno acusado de pretender controlar a los diarios mediante la imputación fraudulenta de delitos de lesa humanidad, es un pecado venial.

Las cláusulas antimonopólicas de la nueva ley albergan otros efectos políticos. Uno de ellos es que, al quitar escala al negocio audiovisual, dejará a muchos más operadores a merced de la publicidad oficial. La ley penaliza a las empresas comerciales para favorecer a entidades sin fines de lucro -sindicatos, clubes, organizaciones sociales, iglesias, ligas de derechos humanos, etc.- que, en la práctica, dependen del fisco para sobrevivir. Es la forma de estatizar que tienen los Kirchner: convertir a todo el mundo en empleado público.

Varios especialistas sospechan que el Gobierno ya provocó un desembarco sigiloso de esas asociaciones en el dial radial y televisivo. Sería la razón por la cual Mariotto se niega a exhibir el censo de radiodifusores que elaboró su organismo. Muchos feligreses de la Casa Rosada habrían conseguido ya una frecuencia del nuevo Comfer y ahora aguardan la regularización masiva. De paso, hay funcionarios que hacen su negocio recomendando a tal o cual ingeniero para instalar con urgencia los equipos. En su cruzada por desconcentrar el poder mediático, el kirchnerismo implantará también en el dial a su rama mercantil. El desembarco de Electroingeniería en Radio Del Plata, o las ofertas de Cristóbal López y Rudi Ulloa para comprar Telefé o Radio Continental son las primicias del orden periodístico que aspiran a fundar los Kirchner. Es razonable que estos nuevos radiodifusores no se fijen en la ecuación publicitaria cuando adquieren sus licencias. Para ellos las pérdidas deberían ser despreciables si contribuyen a la continuidad de un esquema de poder que les seguirá entregando más negocios de obra pública.

A los operadores de radio y TV renuentes a sacrificar sus activos en el altar de la desmonopolización la ley les dedica también el artículo 41. Allí se establece que las licencias, que se otorgan por 10 años, no pueden ser transferidas durante los primeros cinco. En el segundo lustro puede venderse no más del 50% de la propiedad. La cláusula es endiablada. Quienes no se hayan desprendido durante el próximo año de las frecuencias que excedan la cantidad permitida, además de ser multados, sólo podrán deshacerse de una fracción minoritaria de su empresa. ¿Qué comprador invertirá en una compañía cuyo control le está vedado? El resultado operativo de esta disposición, de dudosa constitucionalidad, es que lo que no se venda ahora tal vez no se venda nunca. Otro incentivo para dejarse cazar por los amigos de Olivos.

Bajo este nuevo formato, el sistema de medios tenderá a deprimirse. Esa perspectiva condujo a varias compañías a aproximarse a la oposición para asegurarse una contrarreforma ahora, o cuando los Kirchner abandonen el poder. Uno de esos empresarios lo explica así: "Si me allano al Gobierno y lo ayudo a ganar, me matan al día siguiente de haber triunfado. Si no me entrego, cuando el kirchnerismo se vaya mis compañías multiplicarán por cinco su valor. Resistir es invertir".

En Olivos ven en esta lógica la convalidación de una premisa: existe un complot entre la prensa independiente y los adversarios electorales. Descubrir que han sido ellos los que echaron a muchas empresas audiovisuales en brazos de la oposición es un ejercicio que a los Kirchner les está vedado. La Presidenta y su esposo no advierten hasta qué punto la conspiración que denuncian es una profecía autocumplida.